Quito, Ecuador. – El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decidió no viajar este miércoles a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, prevista para su participación en el 80º período de sesiones, y permaneció en el país ante las masivas protestas generadas por la eliminación del subsidio al diésel.
En su representación en Nueva York, la canciller Gabriela Sommerfeld compartió en la red social X la agenda de actividades del lunes, destacando la participación de Ecuador en reuniones con ministros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un foro sobre migraciones y encuentros bilaterales con sus homólogos de Grecia y Chipre.
El mandatario ecuatoriano calificó las protestas como “actos de terrorismo disfrazados de protesta” y enfatizó que “Ecuador no retrocede ante terroristas que se esconden detrás de la comunidad para servirse a sí mismos”. Durante un acto público de entrega de beneficios sociales en Imbabura, una de las provincias más afectadas, aseguró que las manifestaciones actuales “no son reclamos sociales, son ataques calculados para sembrar miedo y desestabilizar todo el país”.
Noboa hizo un llamado a la población y reiteró que su gobierno continuará avanzando: “No podemos ni vamos a retroceder, porque hacerlo sería condenar al fracaso a un país que busca prosperar. Vamos a romper cada barrera y llegaremos a las comunidades que más necesitan nuestro apoyo”.
Las protestas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), han generado episodios violentos, como el ataque a un destacamento policial en Otavalo, donde se quemaron vehículos y se dañó infraestructura. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, calificó estos hechos de “terroristas” y anunció la detención de varias personas, incluyendo presuntos miembros de la banda transnacional Tren de Aragua.
El despliegue de seguridad se mantiene elevado en las zonas más conflictivas, con presencia de tanquetas militares, policías y fuerzas del orden, mientras sectores indígenas denuncian que la acción del Gobierno busca “imponer miedo” y repartir bonos asistenciales para dividir la resistencia social. El gobierno, por su parte, asegura que las medidas buscan garantizar el orden público y proteger a la población ante los disturbios.
